El proyecto tiene como finalidad dar asistencia sanitaria de atención primaria a todas las comunidades indígenas, así como control de pacientes crónicos, detección de casos quirúrgicos y desarrollo del programa de desnutrición infantil.
El fallo anula la resolución sancionadora por una supuesta infracción de la Ley de Defensa de la Competencia y condena al Colegio de Protésicos de Andalucía y al Consejo de la Competencia andaluz a pagar las costas
